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La dinámica de la compra y venta de estupefacientes al menudeo en Medellín y el área metropolita no se limita a las plazas de vicio. Esos lugares, la mayoría ubicados sectores clasificados como críticos por la autoridades, recogen buena parte del negocio. Sin embargo, de acuerdo con el perfil de los consumidores, con el tipo de droga e incluso con el riesgo que estén dispuestos a asumir para conseguirla, existen otros métodos que poco se ven afectados por la ofensiva policial para combatir el fenómeno del microtráfico.
Una llamada a un número celular es suficiente. En cuestión de minutos, máximo dos horas en fines de semana y en momentos de congestión, un distribuidor se presenta en un vehículo de modelo reciente y hace la entrega en un lugar previamente acordado.
“Vende LSD y creo que 'pepas', pero hay otros que también venden ‘perico’, no sé si ‘bareta’, este es de los más relajados porque incluso hay uno que hace que la gente se suba al carro, les da una vuelta y entrega las cosas adentro”.
El relato es de un universitario que ronda los 23 años, asegura que el ‘papel’, como se conoce al LSD, no ha subido ni bajado de precio en mucho tiempo. Un solo ácido, que puede dividirse hasta en cuatro dosis según la intensidad que busque el consumidor, vale 20 mil pesos. “Ese es el precio desde que lo conozco, hace como cuatro años”, dice la fuente consultada.
Una llamada al número celular referido confirma esa información. Responde una voz masculina: "Cuántos necesita, valen 20 mil, deme más o menos media hora".
El ritual no es excesivo, sin palabras clave ni contraseñas, simplemente se menciona el lugar, si es necesario se consulta el precio y el consumidor es incluido en la ruta de distribución.
"Él es de clase alta, cae a El Poblado y al carro llegan 3 o 4 muchachos, no a la vez pero en filita". Esos lugares son sitios de rumba, parques o sitos públicos muy concurridos donde coinciden varios consumidores que acuden al mismo distribuidor.
Sin embargo, sí sale de El Poblado, la única indicación que hace el vendedor cuando se le pregunta si va a un barrio como Laureles o Belén, es que se demora un poco más, pero si es necesario, busca una dirección exacta o llega a la portería de una unidad residencial.
Son varios los distribuidores que operan bajo este sistema, generan redes "de confinza" según dice el consumidor consultado, conservan un bajo perfil y no corren los riesgos de otros traficantes que permanecen en lugares fijos.
Algunos consumidores también consideran que es una opción más segura, la distribución es ágil y no implica desplazamientos hasta las plazas de vicio, que aunque pueden estar cerca de cualquier lugar de rumba en la ciudad, suponen una visibilidad mayor y un contacto mucho más directo con los distribuidores.
Según el relato, en su compra más reciente, el distribuidor le advirtió que debía tener cuidado con los ácidos, que en Medellín ya era dificil conseguir LSD y en cambio venden otras sustancias que tienen una apariencia similar pero pueden ser más peligrosas.
"Uno siempre se casa con un dealer porque ya se sabe más o menos cuál es la intensidad. En la universidad vale 15 o 18, pero es mucho más fuerte, hace poquito compré allá y con un cuartico fue una locura terrible. Ese es el problema que tenemos los consumidores, que ya no sabemos qué nos están vendiendo, eso es lo único que logra la clandestinidad".
El "Barrio Antioquia", Trinidad, como figura en los registros oficiales, es uno de los lugares más reconocidos de la ciudad para la compra y venta de drogas al menudeo.
"Uno llega en carro, apaga las luces y se parquea en cualquier esquina en donde vea gente sospechosa, y ya, espera a que se arrime el jíbaro". Son las palabras de una joven de 24 años.
Aunque parezca una broma, la idea de que en el Barrio Antioquia se consigue droga en cualquier esquina donde haya "gente sospechosa" no es descabellada. Una conversación propuesta en redes sociales para este mismo especial, demostró que en ese sector se ubica una buena proporción de las plazas de vicio que identifican los habitantes de Medellín. Además, según información de la Policía Metropolitana de Medellín, Trinidad hace parte de los 15 sectores más críticos para el microtráfico en la ciudad.
La transacción es rápida, se aproxima alguien a la ventanilla, pregunta por lo que el comprador necesita, cobra y se aparta unos segundos. No pasa mucho tiempo antes de que regrese y entregue la droga, todo el proceso no dura más de dos o tres minutos. "Las primeras veces me daba susto que no volviera porque uno le entrega el billete y el tipo se va, después uno se acostumbra y sabe que así se demore, llega otra vez".
Coincide con el otro consumidor al asegurar que el precio se ha mantenido estable. Frente a la pregunta sobre si ha tenido alguna dificultad para conseguir droga en los últimos días, responde que no ha notado ningún cambio.
"Uno tiene unos sitios que reconoce, no siempre es la misma gente pero siempre hay alguien que atiende", dice la joven en referencia a uno de los sitios que frecuenta y donde según dice, el gramo de 'perico' cuesta entre 10 y 15 mil pesos dependiendo de la calidad, ese precio no cambia hace varios meses.
Otro consumidor, un hombre que ronda los 50 años, asegura que las medidas de choque contra el microtráfico no representan un obstáculo para los compradores y difícilmente afectan la cantidad y el acceso a la droga que circula en el mercado.
Según dice, las plazas de vicio responden a la demanda y tienen estrategias para seguir operando pese a las ofensivas policiales: "Cerrar una plaza no es ninguna solución, es un mercado con oferta y demanda, con complicidad de las autoridades. Si hoy Barbacoas no funciona está funcionando Barrio Triste o están jibariando por el Barrio Antioquia o por la paralela del Río".
"En Barbacoas se vendía con los policías motorizados ahí parados, no molestaban porque de las plazas se les pasaba una liga diaria. Eso pasa en toda la ciudad, en Cristo Rey se le daba 65 mil pesos a cada pareja de policías en cada cambio de turno para que dejaran trabajar, para que se hicieran los de la vista gorda y patrullaran sin molestar al jíbaro", dice el consumidor.
Ese aspecto, el de la corrupción de las autoridades sumado a la demanda es, a su juicio, la combinación de factores que impide que la voluntad política para combatir las plazas y las ollas tenga efectos a largo plazo: "La voluntad política que muestran se vuelve una fachada, un protocolo, a veces actúan porque les exigen resultados, hoy les limpiamos una zona pero mañana aparecen otras, ellos saben que no han acabado con la gente que es, mejor dicho, es un falso positivo al microtráfico".
La intervención en las ollas de vicio de la ciudad, según algunos especialistas en farmacodependencia, no disminuye ni el consumo de drogas, ni la forma en que los adictos la consiguen.
El problema va más allá, las modalidades para conseguir sustancias ilegales están en constante cambio y el que se erradique una o varias ollas de vicio poco influye a la hora de conseguir el estupefaciente de turno para el consumidor.
El trabajo del grupo de investigación en farmacodependencia y otras adicciones de la Fundación Universitaria Luis Amigó, da cuenta de que el control a las ollas de vicio genera un efecto llamado globo de desplazamiento: los traficantes a pequeña escala no se quedan en un solo sitio y ahora trabajan en una modalidad conocida por los consumidores como ollas móviles. Y son los celulares e internet las formas más usadas en la actualidad para conseguir droga, bien sea dentro de las universidades o, incluso, a domicilio.
Guillermo Castaño, líder de este grupo universitario de investigación cuenta que han encontrado cambios en la dinámica de compra y venta de droga: “El tráfico de drogas, en algunos casos, no está manejado por los típicos jíbaros, muchas veces los propios consumidores venden la droga para subsidiarse sus propias dosis, es un fenómeno supremamente complejo que va más allá de erradicar una olla de vicio, eso lo debe seguir haciendo el estado pero no asegura resolver el problema del consumo”.
A los especialistas también les inquieta el hecho de que la intervención de estas plazas genera graves problemas en los adictos si no son atendidos como se debe.
“Estas intervenciones lo que hacen es aumentar los problemas de salud pública. Por ejemplo con consumidores tan dependientes como los de heroína, el usuario al no conseguir su dosis, porque la oferta disminuye en las calles, presentan síndromes de abstinencia que los hacen consultar los servicios de urgencia o consumir otro tipo de drogas”, asegura Castaño.
Y ahí se vislumbra otro problema, la ayuda que se les da a los adictos en Colombia y que tiene que ver con sus derechos en atención médica.
José Mario Gómez, Coordinador del grupo de adicciones del Hospital San Vicente Fundación afirma que la mayoría de la población está desinformada no solo sobre lo que significa ser adicto, sino sobre la enfermedad y cómo se puede tratar.
“La drogadicción y el alcoholismo son enfermedades médicas, aceptadas así por la Organización Mundial de la Salud, luego de luchas políticas y sociales se logró que estén incluidas en el Plan Obligatorio de Salud en Colombia, es decir que las enfermeras y médicos de las EPS están en la obligación de atender a estos pacientes, de diagnosticarlos y ofrecerles posibilidades de tratamiento”, concluye Gómez. Pero esto no se da.
Mauricio Toro Zapata, Gerente de la E.S.E Carisma considera que el principal problema de acceso a los servicios de salud que tiene la población enferma por tema de drogas o alcohol es la regulación que hacen las EPS.
“La persona solicita su cita, se demoran para asignársela y muchas veces dicen que no hay cupos ni acceso (...) Nosotros no podemos autorizar el ingreso a nuestro centro, se necesita el visto bueno de las EPS y ellos son los que demoran el proceso”.
Esta realidad la comparten los especialistas consultados pero además afirman que tampoco hay en la ciudad la atención necesaria para los adictos.
“Quienes atendemos a la población enferma por este tema estamos desbordados, los buenos centros de tratamiento que hay en Medellín pueden atender al 30% de la población con problemas de adicción, el restante, un 70% que quiere rehabilitarse, se queda volando, no consiguen cita, no tienen acceso”, asegura José Mario Gómez.
“Las cifras son mucho más complejas si se tiene en cuenta que solo el 10% de la población adicta quiere ayuda, pero queda un 90% que no quiere regenerarse. Ese 10% que sí quiere ya es bastante y, como dijo el especialista del Hospital San Vicente Fundación, alrededor de un 30% se puede estar atendiendo, el otro 70% se queda por fuera o asiste a instituciones informales, manejadas por ex adictos rehabilitados que ofrecen algún tipo de ayuda, más no en las mejores condiciones”, anota Guillermo Castaño.
Finalmente el costo de un tratamiento en una institución privada oscila entre los 600.000 y los cinco millones de pesos mensuales. Y ese dinero no lo tienen las familias de los adictos que son, en la mayoría de los casos, las que buscan ayuda.
Otra es la percepción de Lucas Arias Vélez, médico coordinador del proyecto Centro Día en Medellín que atiende al habitante de calle.
En el operativo realizado en Barbacoas hubo un trabajo coordinado con Centro Día que esa noche desplazó a su sede a 170 personas que sacaron de la olla de vicio.
“Esa noche pudimos identificarlos y hacerles un seguimiento, muchas de esas personas no veían la necesidad de venir a nuestro centro (...) La cerrada de la olla minimiza el problema y presiona que las personas momentáneamente, mientras se reacomodan en otra olla o mientras les pega el discurso para una resocialización, compartan con nosotros”.
En los Centros Día de atención básica se incrementó en un 30% la población atendida luego de la intervención en las ollas del centro de la ciudad, se encontraron también muchos casos de enfermedades como sífilis y tuberculosis pero además algo que no estaba en las estadísticas: el incremento de las mujeres habitantes de calle, embarazadas.
“Luego de este operativo aparecieron 4 mujeres en embarazo. A nuestro centro pueden llegar 3 mujeres al año, pero esta vez llegaron 4 en un solo mes y la explicación que tenemos es que luego del cierre de las ollas, estas mujeres se prostituyen para conseguir la droga y ahí también aumentan otro tipo de enfermedades”, concluye Arias Vélez.
Lo que preocupa al médico de Centro Día es la cantidad de jóvenes que se encuentran luego de estos operativos, que no son habitantes de calle pero tienen problemas muy fuertes de consumo y ni buscan ni aceptan entrar a un programa de rehabilitación. Arias coincide con otros especialistas en afirmar que el cierre de una plaza de vicio no desestimula al adicto para seguir consumiendo.
Según las investigaciones de La Fundación Universitaria Luis Amigó el consumo de drogas en los jóvenes va en aumento, en especial el de Heroína y drogas sintéticas. Y hay una alarma que se encenderá en pocas semanas por el Observatorio de Drogas de Colombia, que habla de la aparición de una sustancia en las calles que simula ser LSD pero no lo es.
Otro tema que preocupa es el poli consumo: la mayoría de los adictos consumen tres o más sustancias. “Digamos que el más sano consume alcohol, cocaína y marihuana y de ahí para arriba empieza a aumentar la combinación”, afirma José Mario Gómez del grupo de adicciones del Hospital San Vicente Fundación.
Pero además hay 20 o más sustancias en las calles que tienen efectos nocivos cerebrales y físicos y muchos de los adictos combinan hasta cuatro, lo que constituye un veneno que cambia el comportamiento y afecta más el cerebro.
Otro de los patrones es lo que los médicos llaman diagnóstico dual en adicciones, “es decir, que exista una adicción más una enfermedad psiquiátrica: por ejemplo consumo alcohol más depresión, consumo de marihuana más bipolaridad y eso hace más difícil el tratamiento”, afirma el médico.
Concuerdan los especialistas en que este tema no se soluciona con cerrar una olla, sino con programas efectivos de prevención que lastimosamente han disminuido.
“En los últimos 5 años se han hecho esfuerzos, pero son muy tímidos y el problema es tan grave que hay que hacer algo más fuerte”, anota José Mario Gómez.
“Siempre hay cosas por hacer, hasta el cansancio hay que hacer prevención para evitar que la gente se inicie en el consumo de drogas, para detectar el consumo y evitar que lleguen a ser adictos”, dice Guillermo Castaño.
“En Carisma estamos trabajando en el tema de promoción y prevención para decirle a la gente que no le dé temor ser atendido en un tema que es obligatorio”, afirma Mauricio Toro Zapata.
Ingresos voluntarios a Centro Día
Abril – 1806 personas
Mayo – 2437 personas, después de la intervención en las ollas de vicio del centro.
Carisma atiende mensualmente en promedio a 115 personas para atención hospitalaria
El microtráfico y las ollas de vicio son un problema nacional al cual se refirió el presidente Juan Manuel Santos el pasado primero de abril. Ese día, el Mandatario les dio la orden a las autoridades de erradicar 24 de estos centros de expendio de drogas ubicados en 20 ciudades del país, entre esos, dos en Antioquia: uno en Medellín y el otro en Rionegro.
Dos meses después, cuando se cumplió el plazo dado por Santos a las autoridades, el comandante de la Policía Metropolitana, José Ángel Mendoza, anunció que en ese tiempo fueron incautadas 13.813 dosis de droga. Además sostuvo que 40 personas fueron capturadas por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes.
Paola Holguín, consultora internacional en seguridad, aseguró que ese tipo de políticas, utilizadas tanto a nivel nacional como municipal "sirven para mostrar resultados, pero no solucionan el problema" y sostiene que de poco sirve capturar a algunas personas si no se desarticula la red.
En Medellín, el secretario de Seguridad Arnulfo Serna, sostiene que el panorama "es desalentador porque por donde uno camina, se ve gente consumiendo". En cuanto al control preventivo que realiza la Alcaldía aseguró se adelantan políticas para tratar a los consumidores y que además se espera que la Fiscalía entregue unos inmuebles que serán adecuados como centros de rehabilitación y atención".
Fernando Quijano, director de Corpades, asegura que en la ciudad de Medellín existen cerca de 1000 expendios de droga, que al año generan una renta de más de 700 millones de dólares
En Antioquia, el comandante de la Policía, coronel Gustavo Chavarro, sostuvo que en el departamento ya se erradicó la única olla de vicio que se tenía identificada en los 100 municipios que comprende su jurisdicción.
La intervención solicitada por el Presidente Santos, se realizó en el municipio de Rionegro, en la zona conocida como la Chirría, en donde se desmantelaron seis casas de vicio y capturaron 43 personas. El coronel Fernando Restrepo, comandante (e) de la Policía de Antioquia, sostuvo que en el departamento la problemática de las ollas no es tan grande como en las grandes ciudades, pero que las denuncias de los alcaldes siempre están encaminadas a que el consumo en los menores de edad va en aumento, por eso es que la Policía realiza labores preventivas.
Las autoridades y los expertos coinciden en que las acciones de represión y control no son suficientes, pero aseguran que son necesarias porque como dijo el general Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, "en las grandes ciudades hay lugares que se convirtieron en centros de venta de narcóticos y, en consecuencia, se transformaron en sectores deprimidos que urge recuperar para la ciudadanía".
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